En los últimos dos días, la blogosfera española está viviendo momentos de mucha agitación. Las disposiciones sobre internet y propiedad intelectual contenidas en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible han tenido como consecuencia que una parte importante de la comunidad de usuarios de internet en España haya mostrado preocupación sobre dicho contenido. Consecuentemente, han elaborado un manifiesto a modo de decálogo, (lo enlazaré si alguien me suministra un enlace al mismo con cero publicidad alrededor) en el que, mezclando churras con merinas, declaran su oposición a las reformas proyectadas.
Desde Toletum no puede sumarse a la iniciativa (me refiero al hecho de copypastear el texto en una entrada sin actividad neuronal más compleja que esa) por cuanto contiene algunos párrafos muy cuestionables, ya por su contenido falaz o por ser un relleno absurdo que poco tiene que ver con la, en principio, loable tarea de defender los derechos de los usuarios de internet. Y digo en principio porque también se echan en falta el en manifiesto, quizá por la naturaleza de sus redactores, una diferenciación clara entre los usuarios que intercambian gratuitamente contenidos protegidos con copyright de aquellos que se lucran de dicho intercambio o facilitación del mismo.
Empieza mal el decálogo cuando en su primer párrafo proclama que "Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos". Evidente. Ni los derechos de autor (propiedad intelectual), ni de propiedad ni ningún otro no fundamental puede ser más que los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Española. Pero es que los preceptos proyectados en la Ley de Economía Sostenible no pretenden tal extremo.
Al redactar el segundo apartado del manifiesto los redactores olvidan la suspensión de derechos fundamentales que pueden realizar el Gobierno y las Cortes Generales en los estados de alarma, excepción y de sitio. Pero dejando de lado estos supuestos excepcionales, niego la mayor. Bloquear el acceso a ciertas páginas no es una materia, con la legislación vigente en la mano, reservado en exclusiva al poder judicial. Las compañías que dan el acceso a internet pueden hoy hacerlo con total impunidad. Por último, denota este párrafo en su conjunto una curiosa filosofía que pretende clasificar como derecho fundamental el de acceder a una página web, independientemente de si su contenido es o no ilegal.
El tercer párrafo es de traca. Pareciera como si las páginas web con contenido ilegal fueran un sector empresarial a proteger. Es indecente pretender lucrarse con el trabajo de los demás si ellos no van a obtener beneficio de tus ganancias.
En el 4º se entiende el licuado cerebral de sus autores. Confundir de manera tan burda copyright y otro tipo de licencias da autor (como el copyleft) va en detrimento de la credibilidad de este manifiesto.
Los apartados quinto y sexto pretender dictar, en plan gurú, cómo debe funcionar la industria cultural. ¿Se dejarían ellos que les dijeran como deben llevar sus negocietes?
El 7º y el 8º son declaraciones de buenas intenciones que todo el mundo comparte. Eso sí, proclaman, mediante el uso de la presión, que la Red sea neutral en España ante cualquier presión. Fantástico.
El apartado número nueve pretende, de facto, quitar el término "propiedad" a la "propiedad intelectual", convirtiéndolo en una especie de "comuna intelectual". Ya nos conocemos, que el autor no se lucre, pero si el que facilita la obra (éstos son los emprendedores de las nuevas tecnologías, sujeto a proteger, mimar y subvencionar, lo que entronca con el párrafo tercero) a los receptores de la misma. Eso es tener mucho morro.
El décimo párrafo es falaz. Estamos un anteproyecto y claro que habrá debate, tanto público como donde debe haberlo, en las Cortes Generales. Y que estén los redactores muy tranquilos, cualquier cambio legal que afecte a una Ley Orgánica se hará por Ley Orgánica.
Termina el manifiesto de forma cobarde. Sus redactores no se identifican y además lo declaran obra perfecta, sujeta a adhesiones, no a críticas o modificaciones.
Desde Toletum no puede sumarse a la iniciativa (me refiero al hecho de copypastear el texto en una entrada sin actividad neuronal más compleja que esa) por cuanto contiene algunos párrafos muy cuestionables, ya por su contenido falaz o por ser un relleno absurdo que poco tiene que ver con la, en principio, loable tarea de defender los derechos de los usuarios de internet. Y digo en principio porque también se echan en falta el en manifiesto, quizá por la naturaleza de sus redactores, una diferenciación clara entre los usuarios que intercambian gratuitamente contenidos protegidos con copyright de aquellos que se lucran de dicho intercambio o facilitación del mismo.
Empieza mal el decálogo cuando en su primer párrafo proclama que "Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos". Evidente. Ni los derechos de autor (propiedad intelectual), ni de propiedad ni ningún otro no fundamental puede ser más que los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Española. Pero es que los preceptos proyectados en la Ley de Economía Sostenible no pretenden tal extremo.
Al redactar el segundo apartado del manifiesto los redactores olvidan la suspensión de derechos fundamentales que pueden realizar el Gobierno y las Cortes Generales en los estados de alarma, excepción y de sitio. Pero dejando de lado estos supuestos excepcionales, niego la mayor. Bloquear el acceso a ciertas páginas no es una materia, con la legislación vigente en la mano, reservado en exclusiva al poder judicial. Las compañías que dan el acceso a internet pueden hoy hacerlo con total impunidad. Por último, denota este párrafo en su conjunto una curiosa filosofía que pretende clasificar como derecho fundamental el de acceder a una página web, independientemente de si su contenido es o no ilegal.
El tercer párrafo es de traca. Pareciera como si las páginas web con contenido ilegal fueran un sector empresarial a proteger. Es indecente pretender lucrarse con el trabajo de los demás si ellos no van a obtener beneficio de tus ganancias.
En el 4º se entiende el licuado cerebral de sus autores. Confundir de manera tan burda copyright y otro tipo de licencias da autor (como el copyleft) va en detrimento de la credibilidad de este manifiesto.
Los apartados quinto y sexto pretender dictar, en plan gurú, cómo debe funcionar la industria cultural. ¿Se dejarían ellos que les dijeran como deben llevar sus negocietes?
El 7º y el 8º son declaraciones de buenas intenciones que todo el mundo comparte. Eso sí, proclaman, mediante el uso de la presión, que la Red sea neutral en España ante cualquier presión. Fantástico.
El apartado número nueve pretende, de facto, quitar el término "propiedad" a la "propiedad intelectual", convirtiéndolo en una especie de "comuna intelectual". Ya nos conocemos, que el autor no se lucre, pero si el que facilita la obra (éstos son los emprendedores de las nuevas tecnologías, sujeto a proteger, mimar y subvencionar, lo que entronca con el párrafo tercero) a los receptores de la misma. Eso es tener mucho morro.
El décimo párrafo es falaz. Estamos un anteproyecto y claro que habrá debate, tanto público como donde debe haberlo, en las Cortes Generales. Y que estén los redactores muy tranquilos, cualquier cambio legal que afecte a una Ley Orgánica se hará por Ley Orgánica.
Termina el manifiesto de forma cobarde. Sus redactores no se identifican y además lo declaran obra perfecta, sujeta a adhesiones, no a críticas o modificaciones.
